En la causa «Montamat vs. Neuquén», por mayoría de votos, el tribunal convalida la preeminencia del Código Civil sobre el derecho público local. Doctrina que podría hacerse extensiva a los tributos locales. El ministro Rosatti vuelve a votar en sentido contrario.
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Para leer on line o descargar, los cinco fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictados el 24 de noviembre de 2015, referidos al 15% destinado al financiamiento de la ANSES y al Decreto 1399/2001 de financiamiento de la AFIP. Se agrega el Decreto 2635 de extensión de los efectos de las sentencias a todas las jurisdicciones.
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Con fecha 23 de octubre de 2015 el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el voto preopinante del Dr. José Osvaldo Casás, dictó sentencia en la causa “Fornaguera Sempe, Sara Stella y otros c/ GCBA s/ otras demandas contra la Autoridad Administrativa s/ recurso de inconstitucionalidad concedido”, señalando que “…el Código Civil y Comercial de la Nación [artículo 2532] sancionado por el órgano competente para fijar el alcance y contenido del derecho común ha venido a validar la tesis que este Tribunal sentara en sus decisiones referida a la autonomía local para reglar el plazo de prescripción de los tributos de la jurisdicción –independientemente de la fecha de entrada en vigencia del nuevo plexo, y de los aspectos de derecho intertemporal–; y existen suficientes razones para apartarse de la jurisprudencia anterior sentada por la CSJN sobre esta materia”.
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Un fallo de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aplicó e interpretó el artículo 2532 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, reconociendo la potestad para fijar los plazos de prescripción en materia de impuestos. Más aún: interpretó que puede la legislatura local fijar desde cuándo debe comenzar a computarse el plazo de la prescripción y cómo se interrumpe ésta.
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó la doctrina respecto de la caracterización del hecho imponible en las tasas. Señaló que si el verdadero hecho imponible de la tasa cuya ilegitimidad se declaró, fuera la prestación del servicio por parte del Estado provincial, aquélla debería abonarse sin excepción, más allá de que se produzca o no una actividad ulterior del sujeto pasivo (en el caso, la exportación de los productos de pesca de altura).
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El caso Un reciente fallo de un juez civil de primera instancia ordenó al Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires a
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