¿Control o ejecución judicial del gasto social?

El caso

Un reciente fallo de un juez civil de primera instancia ordenó al Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires a depositar los créditos hipotecarios para que 15 familias no sean desalojadas y puedan, en la propiedad en la que vivían, constituir una cooperativa.

(Autos “Castronuovo de Santandrea S.A. c/ T. C. A. y otros s/ ejecución de alquileres”, el titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil 1, Gustavo Caramelo).

La noticia nos llega por gentileza del Diario Judicial, de donde podrá descargarse la sentencia a texto completo. Refiere el sitio lo siguiente:

El magistrado recordó que, entonces, también había señalado que “el art. 14bis de la CN reconoce a la familia “lato sensu” como sujeto a proteger y no cabe efectuar discriminación alguna en orden a la existencia o no de matrimonio en el vínculo de quienes reúnen sus voluntades para constituir una unión familiar”.
El titular del Juzgado añadió que “el de acceso a una vivienda adecuada es un derecho humano reconocido en la normativa internacional de los derechos humanos como elemento integrante del derecho a un nivel de vida razonable (art. 25 primer párrafo de la Declaración Universal de Derechos Humanos)”.
Caramelo también manifestó que “el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuadas, y a una mejora continua de las condiciones de existencia” y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales emitió dos OG directamente vinculadas con el tema de vivienda y desalojos forzosos así como también a tratar la igualdad de derechos del hombre y la mujer al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales”.

¿Hacia el “gobierno de los jueces”?

Este caso nos recuerda la participación de la Dra. Elvira H. Balbo en las 45ª Jornadas Internacionales de Finanzas Públicas (Córdoba, Argentina, 2012) con el título “El control judicial sobre la eficiencia y la equidad del gasto público social“. A modo de colofón, decía en aquella ocasión:

Querían obtener una vivienda digna, percibir los haberes jubilatorios que les correspondían, cobrar el sueldo anual complementario en tiempo y forma, vivir en un ambiente sano, conseguir atención y medicación para diversas enfermedades, etcétera. Finalmente, obtuvieron la regulación de sus derechos a través del litigio.
Al considerar el gasto público social, su eficiencia y equidad, como uno de los temas prioritarios para ser tratados en este encuentro se pone de manifiesto la relevante importancia que ha adquirido el gasto, como función de las finanzas públicas, al compás del crecimiento del conjunto de necesidades que los habitantes esperan satisfacer a través de la acción de los gobiernos.
Coincidimos con aquellos que, desde un enfoque amplio, consideran que las Finanzas Públicas modernas se desarrollan en un campo multidisciplinar, un territorio fértil en el que interaccionan diversas ciencias y técnicas: el derecho, la administración, la contabilidad, las tecnologías de la información y las comunicaciones, la sociología fiscal, la economía y otras.
Desde esa perspectiva nos preguntábamos, en las 42ª Jornadas de Finanzas Públicas, si los gastos como componentes del Presupuesto Público podrían resultar justiciables. (De la autora: “El Derecho Presupuestario a ser feliz”).
Al respecto, apuntábamos que: “los jueces como integrantes de uno de los poderes del Estado se encuentran en la misma obligación que los legisladores o los organismos administrativos en lo que se refiere al respeto y realización de los derechos reconocidos expresa o implícitamente en los pactos internacionales que, en el caso particular de nuestro país, gozan de jerarquía constitucional tras la incorporación –como consecuencia de la reforma constitucional de 1994-. Sin embargo, los jueces no sustituyen a la Administración, sólo controlan”. (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia c/ GCABA s/amparo. Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario. Sala I 18/07/07. Referido a la falta de provisión de agua potable en la Villa 31).
De esta cuestión se ha ocupado la justicia federal al dejar en claro que el Estado debe cumplir con sus fines sin excusarse por las restricciones que puedan resultar “de los avatares presupuestarios” (Asociación Benghalensis c/ Ministerio de Salud y Acción Social, 1996. Referido a la provisión de medicamentos por parte del Estado a enfermos de SIDA).
En esta ocasión pretendemos resaltar que las decisiones recientes del Poder Judicial han evolucionado en orden a justipreciar las acciones del Estado y de sus funcionarios, a la luz de los preceptos de la economía normativa evaluando además, la eficiencia y la equidad del gasto público social al considerar que: “la inversión del Estado debe ser adecuada, lo que no depende únicamente del monto que éste destina, sino fundamentalmente de la idoneidad de la erogación para superar la situación o paliarla en la medida de lo posible”.
En las causas que comentamos en los puntos anteriores, y en muchas otras, los particulares, en forma individual o colectiva, no hallaron solución a sus necesidades a través del proceso presupuestario que contiene al gasto público social. Entonces, las personas recurrieron a la justicia en busca de ayuda.