La Corte reafirma su doctrina sobre prescripción liberatoria

En la causa «Montamat vs. Neuquén», por mayoría de votos, el tribunal convalida la preeminencia del Código Civil sobre el derecho público local. Doctrina que podría hacerse extensiva a los tributos locales. El ministro Rosatti vuelve a votar en sentido contrario.

(Nota del autor: al final del fallo de la Corte se incorpora el dictamen del Ministerio Público Fiscal)

El 8 de octubre pasado la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia en la causa CSJ 159/2017/RH1 «Montamat y Asociados S.R.L. c/ Provincia de Neuquén s/ acción procesal administrativa» donde se cuestionó el plazo de prescripción establecido por la Provincia en el Código de Procedimiento Administrativo, inferior al previsto en el artículo 4023 del viejo Código Civil.

De acuerdo con los hechos, tanto el Ministerio Público Fiscal como el voto mayoritario de la Corte señalaron que el plazo decenal de prescripción habría quedado agotado antes de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.

(Sobre la noción de "consumo jurídico" ver Fallos: 232:490; 306:1799; 314:481; 321:1757, “Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires” Fallos: 338:1455, considerando 5°).

Del voto de la mayoría

El Tribunal sostuvo que «la prescripción no es un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho, lo que ha justificado que, en ejercicio de la habilitación conferida al legislador nacional por el art. 75, inciso 12, de la Constitución Nacional, aquel estableciera un régimen destinado a comprender a la generalidad de las acciones susceptibles de extinguirse por esa vía y que, en consecuencia, las legislaturas locales no se hallaran habilitadas para dictar leyes incompatibles con las previsiones que al respecto contenían los códigos de fondo» (considerando 2º).

El dictamen del Ministerio Público Fiscal se pronunció en el mismo sentido.

Disidencia del Ministro Rosatti

Tal como lo había sostenido en el precedente «Volkswagen vs. Provincia de Misiones», el Dr. Rosatti fundó su dicidencia con los siguientes argumentos:

iii) El aspecto constitucional que no puede ser eludido es, concretamente, la distribución de competencias propia del modelo de Estado federal que ha adoptado la Constitución Nacional. Según esta, la atribución para regular un mismo instituto puede ser atribuida a diferentes niveles de forma excluyente (arts. 75, inc. 12, y 123, entre otros), concurrente (art. 75, inc. 18) o cooperativa (art. 41 en materia ambiental, art. 75, inc. 2, en materia de coparticipación o art. 75, inc. 12, en materia de legislación de fondo y procesal, entre otros ejemplos).

iv) En el diseño constitucional, la atribución del Congreso Nacional para el dictado de los Códigos Civil y Comercial procura la uniformidad normativa de estas ramas del derecho. La delegación de las provincias a la Nación para dictar esos códigos de fondo, solo significa que aquellas han querido un régimen uniforme en materia de derecho privado, y resulta excesivo interpretar que, además, buscaron limitar facultades de derecho público de las que no se desprendieron en beneficio de la Nación…

vi) En definitiva, como lo sostuvo este Tribunal, no se puede pretender limitar el federalismo de la Constitución con el unitarismo del Código Civil (Fallos: 243:98), habida cuenta de la preeminencia que tiene la Carta Fundamental sobre toda otra ley. Y, ante la presencia de una facultad no delegada al gobierno nacional, si el código la hubiera rozado en forma tal que comportara una limitación, la inconstitucionalidad se hallaría en el Código Civil y no en la ley provincial que prescindiera de tal limitación.»

CSJN – Expte. 159/2017 – 8/10/20 – “Recurso de hecho deducido por la parte actora en la causa Montamat y Asociados S.R.L. c/ Provincia de Neuquén s/ acción procesal administrativa”