La Tasa Vial de Córdoba llega a la Corte

La Tasa Vial de la Provincia de Córdoba, establecida por la Ley 10.081, llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La Acción Declarativa de Certeza intentada, tiene como fundamento la existencia de una “doble imposición”, vedada por la Ley 23.548 (de coparticipación federal) y Ley 23.966 (de combustibles líquidos).

Síntesis de los agravios

La acción se dirige en contra de la Provincia de Córdoba y del Estado Nacional (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas), así como también “…en contra de todo otro organismo o dependencia pública que estime el Tribunal” (sic).
Para instar la competencia originaria de la Corte, el demandante cita el precedente “Pan American Energy vs. Provincia del Chubut s. Acción Declarativa“, que comentamos en este mismo sitio.

Abro un paréntesis sobre esta cuestión: La Corte “resolvió” el caso en Pan American Energy porque existía desde hacía mucho tiempo una medida cautelar que impedía a la Provincia hacer efectivo un impuesto específico a la transmisión de energía eléctrica. Pero no creemos que haya revertido su opinión volcada en el fallo “Papel Misionero”, donde declinó su competencia en instancia originaria.

A continuación transcribimos algunos párrafos de la demanda, sin perjuicio de que podrá consultarse in extenso más adelante:

Desde otra mirada  -que obviamente  comparto-  la  Ley 23.548  y modificatorias,  de coparticipación federal de impuestos,  prohíbe el establecimiento de tributos locales análogos a los nacionales coparticipables. De esta prohibición se excluyen expresamente:  a) el Impuesto sobre los Ingresos  Brutos;  b) el Impuesto de Sellos;  c) el Impuesto Inmobiliario; d) el Impuesto a los Automotores;  e) el Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes y  f)  las tasas  retributivas de servicios efectivamente prestados.

Existiría entonces superposición entre dos  grupos normativos, uno provincial y otro nacional.

Respecto de la coexistencia de ambos grupos normativos entiendo, como lo desarrollaré abajo,  que las  leyes nacionales, normas constitucionales, y anteriores leyes provinciales de adhesión a regimenes preexistentes,  prevalece por sobre  la nueva 10.081.

Si se trata realmente de una Tasa en las condiciones previstas anteriormente, se hallaría  excluida del cotejo por analogía.  En cambio, si se considera que    -más allá del  nomen iuris utilizado por el legislador  provincial-    se trata de un verdadero impuesto, hay  que analizar si compite o no con el  Impuesto a los Combustibles Líquidos establecido en la ley 23.966 y modificatorias, que es coparticipable.

La  ley en cuestión crea una tasa denominada tasa vial provincial destinada a retribuir distintos servicios ordenados al mantenimiento y conservación del trazado que integra la red caminera provincial. Así presentada, la tasa técnicamente encubre, a mi modo de ver,  un impuesto con afectación específica  de muy dudosa legalidad constitucional, que afecta  -además-  tres  leyes nacionales: La  ley de coparticipación que  “prohíbe que se establezcan tributos similares a los ya establecidos de orden federal”, la  ley de  combustibles  que señala que  “no se pueden establecer impuestos similares”, y el  Estatuto de creación de Vialidad Nacional  al cual adhirieron las Provincias y por el cual se comprometieron a  “no establecer otros gravámenes locales sobre los combustibles líquidos”.

Se le ha puesto el nombre de  “tasa”  a este  impuesto para sortear las prohibiciones, pero en la jurisprudencia  pacífica, la tasa es una contraprestación de un servicio público efectivamente prestado y determinado con exactitud.

Suspensión de la Tasa Vial

Concretamente, la demandante solicita, además que el Tribunal se expida sobre lo siguiente:

“La suspensión transitoria de  todos  los efectos de la  Ley  10.081 de la Provincia de Córdoba, y de todos sus decretos y resoluciones reglamentarias,  aclaratorias e interpretativas dictadas en consecuencia  por el Ejecutivo Provincial y/o por la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba; y en su mérito, se ordene -respecto a mi persona-  a las Estaciones de Servicio de la ciudad y zona donde desarrollo mis actividades económicas que detallaré abajo, que excluyan y/o no me cobren el importe de la tasa vial  dispuesta por Ley 10.081 de la provincia de Córdoba, en el gasoil  grado 2 y grado 3,  hasta que exista pronunciamiento definitivo en la presente causa”.

Texto de la Demanda

El demandante (abogado y productor agropecuario, según él mismo lo declara), Dr. Aukha N. Barbero Becerra, difundió espontáneamente el texto completo de dos escritos judiciales: la demanda original y una ampliación. (Fuente: La Voz).
Acceda desde aquí a las presentaciones judiciales:

Amparos provinciales

En el orden provincial, los amparos intentados fuero rechazados -en primera y en segunda instancia- en atención a que la declaración de inconstitucionalidad debe ser resuelta por el Tribunal Superior de Justicia.

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Fuentes: La Voz y Cadena3