¿Se acerca el fin del Pacto Fiscal?

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza resolvió en el mes de marzo pasado que la Provincia se encuentra habilitada –sin necesidad de denunciar previamente el Pacto Fiscal II (Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento del 12 de agosto de 1993), al que hubo adherido por ley-  a dejar sin efecto la exención de que gozaba la actividad industrial en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Señala el Tribunal que, al ratificar el acuerdo, la Provincia lo incorporó al plexo normativo local con el mismo rango y jerarquía que una ley ordinaria. Por lo tanto, puede modificar la situación en cualquier momento. En base a estos argumentos se resolvió desestimar la acción de inconstitucionalidad planteada por la empresa “Oeste Embotelladora S.A.” (fabricante de la bebida sin alcohol marca “Talca”) y se pronunció por la validez del procedimiento adoptado por la Provincia en materia de Impuesto sobre los Ingresos Brutos en relación a la actividad industrial.
Dijo en uno de los principales pasajes de la sentencia:

Al ratificar la Provincia de Mendoza el Pacto Federal II, mediante Ley 6072, el mismo pasó a formar parte del derecho público local, con igual rango jerárquico que las normas dictadas por el Poder Legislativo Provincial.
Por lo tanto, y como bien lo expresa el Sr. Procurador General en su dictamen, la Provincia de Mendoza, al avalar el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, no ha resignado sus facultades tributarias, pudiendo disponer sobre el tema por razones de conveniencia y oportunidad.

El punto de partida para su razonamiento fueron los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Papel Misionero”, y del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, “Valot S.A.
Además, consideró que:

En cuanto al supuesto perjuicio económico alegado por la empresa al incrementarse los costos de producción, la Corte señaló que no constituye obstáculo alguno por cuanto el impuesto de que se trata es esencialmente indirecto y trasladable al consumidor final.
En el caso no aparecen dudas que el impuesto a los ingresos brutos es un impuesto esencialmente indirecto y por ende trasladable al consumidor en el precio final del producto a considerar, no configurándose, en consecuencia, perjuicio concreto al accionante.

Puede consultarse aquí el fallo completo: SCJMza_Oeste_Embotelladora_vs_Prov._Mendoza_2015